En el Taller sobre la reforma a la ley 30, convocado por el Comité Operativo de la Multiestamentaria Nacional y realizado el domingo 21 de marzo, en la sede de la Federación Nacional de Profesores Universitarios, se avanzó sustantivamente en el análisis de la propuesta del Gobierno de reformar la ley 30 de 1992, más específicamente los artículos 86 y 87.

Las ponencias  de los profesores Jairo Estrada, Mario Hernández, Alfonso Conde, Gonzalo Arango y Luis Aurelio Ordóñez, aportaron valiosas contribuciones  relacionadas con las tendencias internacionales y su articulación con  el contexto político y económico nacional, durante las últimas décadas. En igual sentido se expresaron los delegados estudiantiles de  FUN Comisiones, ACEU, FEU,  OCE, profesorales de FENALPROU,  ASPU, de empleados y trabajadores, SINTRAUNICOL y de la Asociación de padres y madres de la Universidad Nacional, MAPA. Las intervenciones  coincidieron en que el proyecto de reforma, se circunscribe dentro de las  tendencias caracterizadas por el avance de las políticas neoliberales enfocadas a profundizar el ciclo de mercantilización de los derechos de la población colombiana. En  contraposición al modelo imperante, se insistió en la necesidad de avanzar con propuestas  en materia de financiación plena por parte del Estado, Bienestar Universitario, condiciones de trabajo dignas para profesores, empleados y trabajadores, autonomía universitaria y construcción de un modelo de educación superior que garantice la formación al más alto nivel, como corresponde a los retos del conocimiento y a las necesidades de progreso de la sociedad colombiana.

La retrospectiva acerca del proceso de elaboración de la ley  30, en las mesas de trabajo, que la precedieron, donde se sustentaron propuestas sobre financiación ,  autonomía universitaria ,  democracia y  construcción de un modelo de educación superior  comprometido con la formación al más alto nivel,  entre otras, mostró que quedaron inconclusas o meramente enunciadas en el papel.

La comparación con las políticas gubernamentales para el sector de la Salud , con consecuencias verdaderamente catastróficas, deja entrever  que se impusieron mediante una difusa conceptualización, para disimular los  verdaderos objetivos de mercantilización y precarización de la atención a la salud de los colombianos, por la vía del subsidio a la demanda como bien privado de consumo individual  y acceso según capacidad de pago.

El mismo sistema de subsidio a la demanda, que ha mostrado sus consecuencias nefastas en la educación básica y media, constituye la base de la reforma a la ley 30. Prueba de ello es la relevancia dada a ICETEX, con los empréstitos del Banco Mundial, para ampliar cobertura, sin calidad. De otra parte se resaltó críticamente la presión de Gobierno de supeditar la asignación de recursos a la implementación de reformas que profundizan  la degradación académica, administrativa y financiera de la educación superior pública, mediante la manipulación perniciosa de “indicadores de gestión”, como los  contenidos en el derogado Decreto 3545, que sin pudor alguno se retoman en función del ajuste fiscal y de recorte presupuestal que auspicia el FMI.

En el Taller se resaltó el hecho de que el proyecto de reforma se enmarca  en la crisis económica que vive el país, producto de la política de “confianza inversionista, seguridad democrática y cohesión social” del Gobierno. Como si fuera poco, el desempleo  supera el 14% , el endeudamiento externo ha situado al país en el séptimo lugar del mundo con peor desigualdad y, entre tanto, las gabelas otorgadas a los monopolios y las transnacionales ocasionan un voluminoso detrimento del patrimonio público en contravía de los intereses del país.

Las presentaciones fueron enriquecidas con el debate, orientado a profundizar  el análisis de la crisis de la educación superior, su marchitamiento académico, la asfixia presupuestal  y  la precarización de las condiciones de trabajo, entre otras de sus manifestaciones. En especial, para reiterar que no solamente se trata de la financiación, con base en los artículos 86 y 87, sino de un problema más complejo, que incluye la construcción de un modelo de educación superior pública de excelencia y su  financiación  por parte del Estado,  como  reconocimiento a un derecho constitucional. Un modelo que contrasta categóricamente , con la política educativa oficial que busca convertir la educación en una mercancía , a través de tasas de matrícula sufragadas por los estudiantes en un mercado perverso,  como el de la educación, en el cual la competencia no mejora la calidad, sino, por el contrario, la deteriora.

Teniendo en cuenta que no se parte de cero para la construcción del modelo de Universidad que requiere al país, con criterios de excelencia académica, para responder a los retos de la sociedad de conocimiento y de las necesidades de la economía y la sociedad; pero se trata de un problema complejo, se aclaró que se requiere tiempo, para ser tratado con todo rigor, en un Congreso Universitario precedido de elaboración de documentos y debate amplio en todas las universidades.

Por lo pronto, la discusión del proyecto de reforma a los artículos 86° y 87 ° es apremiante. Según las declaraciones de la Ministra de Educación será llevado al Congreso en la presente legislatura, una vez haya logrado el consenso con los rectores, quienes  “ingenuamente”  piensan abstraerse del contexto general y sumarse pasivamente a la iniciativa de  otorgar crédito a los jóvenes  de niveles 1 y 2 del Sisbén, iniciativa destinada  a  legitimar demagógicamente la propuesta; por supuesto, sin aumentar los aportes  del Estado, para garantizar  calidad, ni otorgar becas a los estudiantes más necesitados, que no están, ni estarán en condiciones de asumir créditos.

En las intervenciones se hizo referencia a las ponencias presentadas en el FORO del Ministerio de Educación durante los días 1, 2 y 3 de marzo; al discurso de la Ministra y al informe del periódico  El Tiempo, del jueves 18 de marzo, en el que se anuncia la meta de los 500.000 nuevos cupos durante los próximos 8 años. Igualmente, los documentos relacionados con la llamada “Revolución Educativa” y la Visión 2019.

También se leyó el Borrador de la “Propuesta de reforma para un ajuste a la ley 30 de 1992”, de marzo 10, 2010, que circula de manera sigilosa en manos de los rectores y las cúpulas administrativas de las universidades, propuesta sobre la cual es preciso abrir un debate que permita concretar el consenso de la comunidad universitaria, ante un proceso que define el futuro de la educación superior pública para los próximos lustros.
Toda la documentación se divulgará en la páginas de las asociaciones gremiales de estudiantes, profesores, empleados y trabajadores  padres de familia (MAPA); buscando de igual forma incorporar al SENA y a los estudiantes de las universidades privadas , en el debate.

Para afrontar la arremetida privatizadora del Gobierno, el Comité Operativo, convoca  al desarrollo de  una intensa labor pedagógica acerca de la propuesta de reforma, con el objetivo de consolidar un movimiento universitario nacional que unifique a todos los estamentos y a los sectores democráticos de la sociedad en la defensa de la universidad pública, comenzando por:

1. Elaborar una Carta Pública apoyada con firmas de intelectuales, estudiantes, profesores, empleados, trabajadores y padres de familia sustentando la defensa de la educación superior pública, ante el Congreso nacional y la ciudadanía.
2. Promover, con la mayor urgencia,  Foros y debates en todas las universidades.
3. Apoyar la convocatoria al FORO del miércoles 14 de abril, a las 10 a.m. , en el Auditorio  Camilo Torres, de la Universidad Nacional.
4. Hacer contactos con las senadoras Piedad Córdoba y Gloria Ramírez y el Senador Jorge Robledo, para la realización de una Audiencia pública en el Congreso, en la fecha que se pueda convenir, de acuerdo con sus compromisos.

TODOS A CERRAR FILAS EN DEFENSA DE LA EDUCACION SUPERIOR PÚBLICA, DE EXCELENCIA ACADÉMICA, DEMOCRÁTICA, PLURALISTA Y COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD COLOMBIANA.

COMITÉ OPERATIVO MULTIESTAMENTARIA NACIONAL

Bogotá, 25 de marzo de 2010

Publicado por ASPU