El Movimiento Nacional Universitario ha presentado al gobierno nacional y al país entero los
elementos de la crisis financiera que existe hoy en las universidades públicas, que impide garantizar
el derecho a la educación superior, afecta directamente la calidad de la enseñanza superior y el
derecho de los profesores universitarios a un trabajo digno y decente, al punto que pone en peligro
la existencia misma de nuestras universidades. Hemos presentado propuestas de solución viables, varias de ellas fundamentadas en el obligado cumplimiento de la Ley.

Con base en lo anterior ASPU considera que el Acuerdo firmado el día de ayer entre el Gobierno y
los Rectores es un muy mal Acuerdo, porque no permite superar los principales factores de crisis en
orden a garantizar el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación y proyección social
asignadas misionalmente a las universidades, ni garantiza el cumplimiento del Decreto 1279, régimen
salarial y prestacional de los profesores universitarios, que se viene desconociendo a cerca del 80%
estos.

Consideramos muy malo un Acuerdo que no modifica en nada, ni critica, la actual política de Gobierno
de financiación a la demanda, que es el camino que asegura el marchitamiento de la Universidad
Pública y demás IES del sector. El Gobierno niega recursos para el funcionamiento con calidad a
las IES públicas que a pesar de ser menos instituciones acogen la mayoría de la matrícula estudiantil,
pero, en medio del movimiento nacional universitario, no tiene problema en anunciar que destinará
más de $ 3 billones de pesos para financiar un nuevo programa de financiación a la demanda,
Generación E.

Lo acordado, los 3 y 4 puntos adicionales al IPC durante los próximos 4 años, solo significa un
ingreso adicional para funcionamiento de menos de $550 mil millones de pesos, en 4 años.
La Ley 1819 de 2016, última reforma tributaria, asegura recursos nuevos a las Instituciones de
Educación Superior Pública; el recaudo de los mismos en el año 2017 ascendió a $1,5 billones. Cifra
similar se recaudará cada año mientras está vigente la ley. Al cabo de los 4 años deberían ingresar
a las IES públicas, por este concepto, mínimo $6 billones de pesos y no $0,55 billones aceptados
por los rectores en el citado Acuerdo.

Dichos recursos no han llegado a las universidades públicas. Durante la negociación colectiva con
ASPU en el año 2017 apenas se avanzaba en el recaudo de los impuestos y solo se aseguraron
$170 mil millones para el año 2017 y $100 mil millones para el 2018, que debían ir a funcionamiento,
preferiblemente para la formalización laboral de los profesores.

Los cálculos que hemos presentado al Gobierno Nacional en las mesas de negociación colectiva de
trabajo han precisado que, para la formalización laboral de los profesores universitarios se requiere
$1 billón de pesos. La situación de precariedad laboral de los profesores es un factor de calidad de
la educación y de respeto al derecho fundamental al trabajo de los profesores que debe ser resuelto
prioritariamente; ya existen sentencias de las Altas Cortes que lo han ordenado y su incumplimiento
abre la vía a las demandas jurídicas en masa, con los graves efectos que ello representa para las
IES.

También es cuestionable que en el Acuerdo Gobierno-Rectores, se privilegien los recursos para
Inversión ($1,2 billones) sobre los recursos para funcionamiento ($0,55 billones).
Los recursos de funcionamiento deben garantizar a las universidades el cumplimiento de sus
funciones misionales de docencia, investigación y proyección social y los rectores deben velar en
primer lugar por garantizar estos recursos.

Los recursos para inversión se orientan en las universidades a la realización de proyectos que
permitan el desarrollo de infraestructura necesaria para crecer físicamente, entre ellos las obras de
construcción, inversiones en ladrillo y cemento que en muchas ocasiones constituyen un riesgo de
corrupción y consecuente desvío de recursos públicos de la educación a las manos de personas
privadas. Reconociendo la necesidad real de Inversión por parte de las universidades, consideramos
que frente a la crisis coyuntural se debió garantizar primero el cumplimiento misional y no aceptar
que los mayores recursos fueran para inversión, que parecieran constituir una especie de mermelada
para que los Rectores aceptaran la propuesta deficitaria del Gobierno.

Si los rectores fueran consecuentes con lo que han venido presentando al Gobierno Nacional sobre
la gravedad de la crisis de las IES Públicas, cuyo monto han calculado en $18 billones de pesos, no
se entiende razonablemente cómo firman un Acuerdo por menos de dos billones de pesos en 4 años,
casi el 10% de lo exigido.

El compromiso de los rectores de “apoyar la agenda de acceso gratuito gradual a la educación
superior para la población más vulnerable” solo puede cumplirse si el gobierno asegura a las
instituciones los recursos necesarios para hacerlo efectivo, pero no puede significar la aceptación a
los programas de Gobierno de financiación a la demanda, que no garantizan el derecho a la
educación superior a la mayoría de los millones de jóvenes que en Colombia se están quedando por
fuera del sistema, sino a un grupo focalizado de los mismos.

Sobre los otros puntos que aparecen como ACUERDO, manifestamos que la Autonomía Universitaria
y el Derecho a la Participación son el fundamento constitucional que garantiza la participación de los
universitarios en la construcción de la Política de Educación Superior y en el Plan Nacional de
Desarrollo, procuraremos hacerla efectiva. Por la misma razón, el Movimiento Nacional Universitario continuará, fortaleciéndose en organización e impacto social para que logros del mismo se acerquen a los sueños posibles.

Bogotá D.C. 27 de octubre de 2018
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE ASPU

Pedro Hernández Castillo 
PRESIDENTE NACIONAL

Jairo Ruiz
SECRETARIO JD NACIONAL